LA INDUSTRIA ESPAÑOLA TACHA DE "INADMISIBLES" LAS EXIGENCIAS MEDIOAMBIENTALES DE LA UE

J.A.B. / Colpisa Madrid

“Desproporcionadas” e “inadmisibles”. Con estos calificativos altisonantes la industria española aireó este viernes su ‘monumental’ enfado con la Comisión Europea por el último paquete de medidas que ésta pretende acometer para luchar contra el cambio climático. A su juicio, a cambio de unas mejoras de índole menor y en absoluto globales, “que tan solo desplazarán geográficamente los focos de emisión de gases de efecto invernadero”, se va a mermar “drásticamente” la competitividad de este sector y a “destruir cientos de miles de puestos de trabajo”.

En un comunicado respaldado por las asociaciones representativas de los sectores de la siderurgia, la química, el refino, el papel, el cemento, la cal y derivados, la cerámica, los ladrillos y las tejas -que, en conjunto, facturan más de 100.000 millones de euros al año, generan el 20% del producto industrial bruto y facilitan más de 500.000 empleos directos-, estas muestran su apoyo, si bien crítico, a los esfuerzos de la Comisión, pese a advertir que cualquier política limitada sólo a Europa tendrá un impacto “menor” sobre el cambio climático. El problema, aducen, es que desde Bruselas sus argumentos han sido ‘despreciados’ a la hora de revisar la directiva europea sobre comercio de (licencias de) emisiones contaminantes de CO2.

Como resultado de esa falta de diálogo se han programado unas medidas que, a juicio de la industria, supondrán un impacto negativo tanto en los costes directos como en los indirectos, que a su vez “lastrará” el futuro del conjunto del sector. Por ello, instan a la Comisión a recapacitar su decisión inicial y adoptar una nueva estrategia, que a su vez genere un clima que favorezca las inversiones y la innovación, “garantes” del desarrollo competitivo y sostenible de las empresas.

Así, tras advertir que las empresas “no pueden depender de hipotéticas conclusiones de futuros estudios y negociaciones”, la industria española reclama a la Comisión que se asignen derechos de emisión “gratuitos” a nuestras empresas (las europeas), al menos mientras no haya un acuerdo internacional que “asegure” que las economías emergentes se comprometan a objetivos similares a los de la UE. En este sentido, no ven aceptable que los legisladores de la UE consideren la competitividad de dicho sector “una prioridad de segundo orden”.

COMPROMISO CON KIOTO

Las autoridades comunitarias han reconocido a la industria española comprometida por los acuerdos de Kioto para combatir el cambio climático unos derechos de emisión de dióxido de carbono de 152,3 millones de toneladas al año, durante el periodo 2008-2013. Se trata de una magnitud ligeramente inferior a la reclamada por las autoridades españolas, que pedían 152,7 millones de toneladas por año, pero ostensiblemente menor que los registros de 2005, que delatan unos vertidos industriales atmosféricos de 182,9 millones de toneladas de CO2 en las empresas del país concernidas por el problema.

A su vez, en 2006 se redujeron por vez primera en la historia de España las emisiones de gases de efecto invernadero. Por añadidura, la eficiencia energética mejoró: hacía veinte años que no se reducía el consumo de energía primaria para fabricar una unidad de producto y llevamos cinco trimestres de ligeras rebajas por este concepto. Estos logros "industriales", que parecen reducidos si se comparan con los objetivos asumidos en el compromiso de Kioto -aún emitimos un 48% más que en 1990, cuando se nos reconoció un techo del 15% para 2012- suponen un punto de inflexión.

Fuente: Canarias7.es (18/01/2008)